Ministerio Público

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Tabla de contenidos

Normativa

Legislación

  • Ley No. 1822 de 1948[1]
  • Ley No. 473 de 1969[2]

Definición

Es un órgano del sistema de justicia, garante del Estado de derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones. Es el encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad, de la puesta en movimiento y del ejercicio de la acción pública, proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice.[5] [6]

Principios

El Ministerio Público está subordinado a los principios que le señala la ley, como son:

  • Principio de Legalidad, que lo obliga a someter sus actuaciones a los dictados de la Constitución, Tratados Internacionales y las Leyes Adjetivas.
  • Principio de Unidad de Actuaciones, señala que es un organismo único que ejerce sus funciones en el territorio de la República, y está orientado, dirigido y supervisado por el procurador general de la República.
  • Principio de Indivisibilidad, señala que debe existir coordinación de manera que uno cualquiera de sus miembros, pueda asumir las tareas sin traumas.
  • Principio de Jerarquía, contempla que el Ministerio Público está controlado jerárquicamente en cuanto a su funcionamiento, legalidad y actuaciones procesales, como la eficacia y eficiencia administrativa del órgano.
  • Principio de Objetividad, exige al Ministerio Público, no sólo investigar los hechos y circunstancias que fundamenten y agraven, sino también los que eximan, extingan o atenúen la responsabilidad de quien es imputado o acusado de una infracción penal.
  • Principio de Responsabilidad, sus actuaciones generan la posibilidad de incurrir en faltas disciplinarias y de responsabilidad civil;
  • Principio de Independencia, Realizará sus funciones con total independencia de los demás órganos de investigación de los poderes del Estado.
  • Principio de Probidad, debe basar sus actuaciones en criterios de transparencia, eficiencia y eficacia.
  • Principio de Oportunidad, buscará con prioridad la solución del conflicto dentro del marco de la legalidad, mediante la aplicación de los criterios de oportunidad y de las demás alternativas previstas en la norma Procesal Penal.

Composición

Está integrado por:

1) El procurador general de la República y sus adjuntos;

2) procuradores generales ante las Cortes de Apelación y sus adjuntos;

3) procuradores fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia y sus adjuntos;

4) Los fiscalizadores ante los Juzgado de Paz Ordinarios y Especiales.

Otros Integrantes

1) El abogado de Estado ante el Tribunal de Tierras y sus adjuntos;

2) procurador general de Medio Ambiente y sus adjuntos;

3) procurador general ante el Tribunal Contencioso-Tributario y sus adjuntos;

4) Procurador general Administrativo ante la Cámara de Cuentas y sus adjuntos;

5) Defensores públicos y de Menores;

6) Procurador general de Corte Laboral y sus Adjuntos;

7) Procurador fiscal Laboral y sus Adjuntos.

Atribuciones

Conforme a lo establecido en el Estatuto del Ministerio Público, a éste le corresponde el ejercicio exclusivo de la acción penal pública y para ello tendrá las siguientes atribuciones:

1) Investigar los hechos punibles de acción pública;

2) Representar y defender el interés público con respecto a todas las infracciones y asuntos que se requieran conforme a la ley;

3) Velar por la observación de la Constitución, las leyes y las libertades públicas fundamentales en todo el territorio nacional;

4) Garantizar el efectivo cumplimiento de las normas del debido proceso legal, protegiendo y respetando la dignidad humana, sin discriminación alguna;

5) Custodiar y conservar sin menoscabo alguno, todos los objetos e instrumentos calificados como cuerpo de delito, que hayan sido ocupados como consecuencia de la investigación;

6) Adoptar las medidas para proteger a las víctimas de las infracciones y a los testigos, cuando fuere necesario para la seguridad personal de ellos o de sus familiares;

7) Representar los intereses del Estado ante cualquier jurisdicción cuando sea requerido, de conformidad con la ley que rige la materia;

8) Adoptar medidas para proteger los intereses de los menores, incapaces e indigentes;

9) Trazar y ejecutar la política carcelaria y penitenciaria;

10) Vigilar que en los recintos policiales y militares y en los institutos de reeducación para menores o cualesquiera otro centro de detención de personas, sean respetados los derechos humanos;

11) Garantizar la ejecución de las decisiones judiciales, cuando se relacionen con el orden público o las buenas costumbres;

12) Ejercer los recursos contra las decisiones judiciales cuando fuere de lugar;

13) Otorgar a los funcionarios correspondientes el auxilio de la fuerza pública para garantizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales;

14) Ejercer a través de los representantes del Ministerio Público especializado, las atribuciones señaladas en las leyes de su creación;

15) Participar en la Audiencia Preliminar cuando presente la acusación;

16) Participar en las vistas cuando presente al imputado, para que le sea impuesta una medida de coerción;

17) Participar en el Juicio de Fondo.

Prohibiciones

a) Incurrir en los actos que el presente Estatuto califica como faltas disciplinarias;

b) Realizar actividades ajenas a sus funciones regulares durante la jornada de trabajo, y abandonar o suspender las mismas sin aprobación previa de su superior inmediato;

c) Retardar o negar deliberada e injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo por la prestación de los servicios que les corresponden;

d) Ofrecer noticias o informaciones sobre asuntos de la administración judicial cuando no estén facultados para hacerlo;

e) Dedicarse tanto en el servicio como en la vida privada, a actividades que puedan afectar la confianza del público en su condición de representantes del Ministerio Público;

f) Observar una conducta que pueda afectar la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de servidor de la función judicial;

g) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura;

h) Haber sido abogado de cualesquiera de las partes interesadas en el caso que maneje el funcionario, o si el abogado de las partes es cónyuge, hermano, hijo o pariente hasta el tercer grado, inclusive, del funcionario del Ministerio Público actuante;

i) Recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto en los casos previstos por las leyes;

j) Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas contra las cuales dicho representante del Ministerio Público haya puesto en movimiento la acción pública mediante cualesquiera de los mecanismos legales, o que sean o hayan sido objeto o sujeto de denuncias o querellas que en el momento estén sometidas a la consideración del representante del Ministerio Público en razón de su competencia;

k) Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o estupefacientes;

l) Dar consultas en asuntos jurídicos de carácter actualmente contencioso, o que puedan adquirir ese carácter;

m) Las demás prohibiciones que se establezcan por vía legal o reglamentaria, o que resulten del buen entendimiento y observancia de la ética social y administrativa.

Régimen Disciplinario

El poder disciplinario consiste en el control de la observancia de la Constitución, las leyes, reglamentos, instrucciones y demás normas vigentes, así como en la aplicación de sanciones en caso de violación a las mismas.

Falta Disciplinaria

a) Si dejan de cumplir sus deberes y las normas establecidas para la prestación de servicios;

b) Por ejercer incorrectamente o en forma desviada sus derechos y prerrogativas;

c) Por desconocer las órdenes legítimas de sus superiores jerárquicos;

d) Por incurrir en cualquiera de las causas de sanción disciplinaria previstas en el presente Estatuto y sus reglamentos o en la violación de otras disposiciones sobre la materia, emanadas de autoridades competentes.

Sanciones

a) Amonestación oral;

b) Amonestación escrita;

c) Suspensión sin sueldo, por un período de hasta treinta (30) días;

d) Destitución.

Faltas Que Dan Lugar A Amonestación Oral

a) Incumplir el horario de trabajo sin causa justificada;

b) Descuidar el rendimiento y la calidad de trabajo;

c) Suspender las laborales sin causas justificadas

d) Descuidar la guarda, vigilancia y orden de los expedientes, materiales, bienes y equipos puestos bajo su cuidado;

e) Desatender o atender con negligencia o en forma indebida a las partes en los procesos judiciales y a los abogados;

f) Dar trato manifiestamente descortés a los subordinados, a las autoridades superiores y al público que procure informaciones;

g) Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con el desempeño de su cargo, cuando se lo haya solicitado una autoridad competente;

h) Cualesquiera otros hechos u omisiones menores, que a juicio de la autoridad sancionadora, sean similares por naturaleza a las anteriores y que no ameriten sanción mayor.

Faltas Que Dan Lugar A Amonestación Escrita

a) Dejar de asistir al trabajo o ausentarse de éste por un (1) día, sin justificación;

b) Descuidar el manejo de documentos y expedientes, sin consecuencias apreciables;

c) Cometer una segunda falta de una misma naturaleza;

d) Cualesquiera otros hechos u omisiones, calificables como faltas que a juicio de autoridad sancionadora, sean similares a las anteriores y que no ameriten sanción mayor.

Faltas Que Dan Lugar A Suspensión Hasta Treinta (30) Días, Sin Disfrute De Sueldo

a) Incumplir reiteradamente los deberes, ejercer en forma indebida los derechos o no observar las prohibiciones constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado;

b) Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a los superiores jerárquicos, a los subalternos y al público;

c) Realizar en el lugar de trabajo actividades ajenas a sus deberes oficiales;

d) Descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes, con consecuencias de daño o perjuicio para los ciudadanos o el Estado;

e) Ocasionar o dar lugar a daño o deterioro de los bienes que se le confían, por negligencia o falta debida a descuido;

f) No dar el rendimiento satisfactorio anual evaluado conforme se indica en esta ley;

g) Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo;

h) Realizar actividades partidarias, así como solicitar o recibir dinero y otros bienes para fines políticos en los lugares de trabajo;

i) Promover, participar o apoyar actividades contrarias al orden público, en desmedro del buen desempeño de sus funciones o de los deberes de otros empleados y funcionarios;

j) Divulgar o hacer circular asuntos o documentos reservados, confidenciales o secretos, cuyo manejo le haya sido confiado en el curso de la investigación;

k) Cualesquiera otros hechos u omisiones que a juicio de la autoridad competente, sean similares o equivalentes a las demás faltas enunciadas en el presente artículo y que no ameriten sanción mayor.


Faltas Graves, Que Dan Lugar A Destitución

a) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otras personas, comisiones en dinero o en especie, o solicitar, aceptar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas, como pago por la prestación de los servicios inherentes al cargo que desempeñe. A los efectos de esta falta se presumen como gratificaciones, dádivas, comisiones, obsequios, recompensas y beneficios ilícitos similares de contenido económico, sancionables disciplinariamente conforme al presente Estatuto, las sumas de dinero o bienes en especie que por tales conceptos, reciban los parientes del funcionario, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, inclusive, si se obtienen pruebas, evidencias, o testimonios ciertos e inequívocos de los hechos o actuaciones objeto de sanción;

b) Dejar de cumplir los deberes, ejercer indebidamente los derechos o no respetar las prohibiciones constitucionales o legales, cuando el hecho o la omisión tengan grave consecuencia de daños o perjuicio para los ciudadanos o el Estado;

c) Tener participación, por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades que tengan relaciones económicas, cuando estas relaciones estén vinculadas directamente con algún asunto cuyo conocimiento está a su cargo;

d) Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas estando el miembro del Ministerio Público apoderado del conocimiento de un asunto relacionado con esas personas;

e) Realizar o permitir actos de fraude en relación con el reconocimiento y pago de sueldo, indemnizaciones, auxilios, incentivos, bonificaciones o prestaciones sociales;

f) Cobrar viáticos, sueldos o bonificaciones por servicio no realizado o no sujeto a pago, por un lapso mayor al realmente empleado en la realización del servicio;

g) Incurrir en vías de hecho, injuria, difamación, insubordinación o conducta inmoral en el trabajo, o en algún acto lesivo al buen nombre a los intereses de la institución del Ministerio Público;

h) Ser condenado penalmente, por delito o crimen, a una pena privativa de libertad;

i) Aceptar de un Gobierno Extranjero cargo, función, honor o distinción de cualquier índole sin previo permiso del Gobierno Nacional;

j) Realizar actividades incompatibles con el decoro, la moral social, el desempeño en el cargo y el respeto y lealtad debidos al sistema de justicia y a la colectividad;

k) Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) días consecutivos injustificadamente, incurriendo así en el abandono del cargo;

l) Reincidir en faltas que hayan sido causa de suspensión de hasta treinta (30) días;

m) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias narcóticas o estupefacientes;

n) Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores por su naturaleza y gravedad, a juicio de la autoridad sancionadora.

Jurisprudencia

Si en Primera Instancia no fue recabado el dictamen del Ministerio Público, hay derecho a apelar y una vez llenada esa formalidad con el dictamen del Procurador General, no es necesario fallar sobre la irregularidad y anular la sentencia de Primera Instancia, sino que el procedimiento queda regularizado.[7] [8]

Sólo el demandado tiene calidad para pedir la comunicación al Ministerio Público (Artículo 83 Código Procedimiento Civil, modificado por Ley No. 845 de 1978).[9]

Si el Ministerio Público no dictamina sobre el fondo de la prevención ni tiene oportunidad de hacerlo, se incurre en la violación de una formalidad sustancial.[10] [11]

Nada se opone a que el Procurador Fiscal encomiende al fiscalizador del Juzgado de Paz apelar a su nombre de cualquier sentencia correccional dictada por dicho Juzgado.[12]

El hecho de que el dictamen del Ministerio Público no incluyera todos los puntos de la litis no puede dar lugar a la aplicación del Artículo 29 Ley Procedimiento Casación, para que la Suprema Corte de Justicia ordene subsanar la omisión, pues el contenido del dictamen es de la soberana apreciación de los jueces del fondo.[13]

El representante del Ministerio Público no necesita poder especial para representar al Estado en un juicio en que el Estado es demandado con motivo de un accidente de tránsito.[14]

La Ley 1822 de 1948 (Gaceta Oficial 6847) no permite que los Ayudantes de los titulares del Ministerio Público actúen motu propio, sino que les atribuye la facultad de representarlos, por lo que el recurso de casación interpuesto por el ayudante del Procurador General de la Corte de Apelación es inadmisible, no habiéndose probado que esté en licencia o temporalmente inhabilitado.[15] [16] [17] [18] [19]

Un acta de allanamiento practicada por el Ayudante fiscal puede merecer credibilidad a la Cámara Penal.[20]

La falta del dictamen del Procurador en Primera Instancia se suple con el dictamen del Procurador de la Corte de Apelación; y cuando (como en la especie) el dictamen del Ministerio Público se produjo en Primera Instancia, no ha lugar a anular la sentencia de apelación si falta el dictamen del Procurador General de la Corte de Apelación.[21]

Ni las disposiciones del Artículo 26 de la Ley Registro de Título ni ninguna otras sancionan con la nulidad la falta del Abogado de Estado en un saneamiento; en todo caso, las sentencias dictadas sin oir la oponión del fiscal, solo dan derecho al recurso de revisión civil y no de casación (Artículo 480, Código Procedimiento Civil ; Artículo 270, Ley Registro de Título).[22]

Las formalidades exigidas por los Artículos 96, 97 y 98 de la Ley No.659 sobre Actos del Estado Civil para que los procuradores fiscales verifiquen la regularidad de las actas, son funciones propias de la autoridad y no de las partes, las cuales carecen de potestad para exigir su cumplimiento.[23]

Doctrina

  • BINDER, Alberto; NIETO G.,Daniel; GONZÁLEZ Á.,Daniel.et alii. Derecho Procesal Penal.Santo Domingo: Editora Amigo del Hogar, Primera Edición. 2006. Reimpresión 2007. 626 P.
  • MEJÍA Y M., Bienvenido. Organización del ministerio público en la República Dominicana. En: Derecho y Política, 5: 13-31. Santo Domingo: agosto de 1982.
  • IBARRA R., Julio. El ministerio Público. En: Forum 26: La justicia en República Dominicana. Santo Domingo: Forum, 1987. pp. 70-80.
  • OLIVARES G., Félix D. Consideraciones sobre las funciones y la ubicación del Ministerio Público en la República Dominicana. En: Revista de Ciencias Jurídicas, 5(25): 13-27. Santo Domingo: enero-marzo de 1996.
  • CASTELLANOS M., Juan L. El dictamen del ministerio público en materia penal. En: Gaceta Judicial, 1(11): 46. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 10-24 de julio de 1997.
  • JORGE P., Eduardo. Ministerio público, policía y derechos humanos. En: Gaceta Judicial, 1(17): 15-16. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 2-16 de octubre de 1997.
  • La capacitación y el ministerio público. En: Gaceta Judicial, 1(22): 9. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 11-31 de diciembre de 1997.
  • El ministerio público dominicano. En: Gaceta Judicial, 1(22): 13. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 11-31 de diciembre de 1997.
  • La independencia del ministerio público. En: Gaceta Judicial, 1(22): 22. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 11-31 de diciembre de 1997.
  • SIMÓN P., Cándido. El ministerio público y la pensión alimenticia de menores. En: Gaceta Judicial, 2(24): 18-19. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 15-29 de enero de 1998.
  • SIMÓN P., Cándido. El ministerio público y los menores. En: Gaceta Judicial, 2(28): 18. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 12-26 de marzo de 1998.
  • DOTEL M., Héctor. La recusación del ministerio público. En: Gaceta Judicial, 2(34): 12. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 4-18 de junio de 1998.

Referencia

  1. República Dominicana [Leyes] Ley No. 1822 de 1948. Publicada en la Gaceta Oficial 6847, modificada por:
  2. República Dominicana [Leyes] Ley No. 473 de 1969. Publicada en la Gaceta Oficial 9157.4, ambas derogadas.
  3. República Dominicana [Leyes] Ley No. 76-02 del 19 de julio del 2002, que establece el Código Procesal Penal. Publicado en la Gaceta Oficial No.10170 (Artículos 88 y siguientes, Artículo 279 y siguientes)
  4. República Dominicana [Leyes] Ley No. 78-03 del 15 de abril del 2003 que aprueba el Estatuto del Ministerio Público. Publicada en la Gaceta Oficial 10290.3
  5. República Dominicana [Leyes] Ley No. 78-03 del 15 de abril del 2003 que aprueba el Estatuto del Ministerio Público. Publicada en la Gaceta Oficial 10290.3
  6. República Dominicana [Leyes] Ley No. 76-02 del 19 de julio del 2002, que establece el Código Procesal Penal. Publicado en la Gaceta Oficial No.10170 (Artículos 88 y siguientes, Artículo 88)
  7. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 822. Año 923º
  8. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 929. Año 567º
  9. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 869. Año 1013º
  10. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 884. Año 1753º
  11. Discurso, Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 890. Año 12º
  12. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 885. Año 1985º
  13. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 888. Año 2971º
  14. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 902. Año 68º
  15. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1043. Año 190º
  16. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1045. Año 252º
  17. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1045. Año 305º
  18. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1046. Año 34º
  19. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1051. Año 248º
  20. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1046. Año 36º
  21. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1049. Año 62º
  22. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 705º
  23. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1067. Año 236º

Bibliográfica

  • HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p

Enlaces Relacionados

Gaceta Judicial

Procuraduría General de la República Dominicana

--Escuela Nacional de la Judicatura/Ricardo Mota 06:16 5 nov 2009 (MST)


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