Ejecución de Sentencia

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Ver También: Apelación, Efecto Suspensivo Ejecución Provisional

Tabla de contenidos

Jurisprudencia

La demanda en validez de un embargo trabado en base a una sentencia condenatoria es una medida ejecutoria cuya ocurrencia habilita al embargado para apelar. (Artículo 449 Código Procedimiento Civil)[1] [2]

Cuando el beneficiario de una sentencia en defecto por falta de comparecer practica al amparo de ese título un embargo retentivo contra el deudor, dicho embargo es conservatorio y no priva al deudor de la oportunidad de interponer el recurso de oposición (Artículo 159 Código Procedimiento Civil), pues ese embargo no produce efectos irreversibles en sus primeras fases y no se produce un acto de ejecución sino después de pronunciada la sentencia sobre la validez del mismo.[3]

La ejecución de una sentencia dictada en oposición por falta de comparecer no la hace cosa juzgada sino cuando ha transcurrido el plazo para apelar. Si no consta el momento en que el demandado se enter6 de los actos de ejecución, es necesario admitir que ese conocimiento lo obtuvo el mismo día en que interpuso el recurso de apelación, por lo cual su recurso es admisible.[4]

Las sentencias dictadas por los tribunales de apelación son de ejecución inmediata en materia privada, la cual sólo puede ser suspendida tras el ejercicio del recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia.[5]

Se trataba de una condenación en daños y perjuicios y no de un lanzamiento y desalojo de lugares, por lo que el fallo no era ejecutorio de pleno derecho.[6]

El Tribunal de Primera Instancia declaró desierta la puja ulterior. La Corte de Apelación declaró no apelable esta sentencia. Se casa la sentencia de apelación. Cualquiera de las partes tiene interés en recurrir una sentencia que declara desierta una puja ulterior y esta decisión le causó agravios.[7]

Mal podría el Tribunal, al año de pronunciada la sentencia de adjudicación y después que se ha obtenido un certificado de título para amparar la propiedad del inmueble adjudicado y se ha solicitado la fuerza pública para el desalojo, acoger una acción principal en nulidad de la sentencia.[8]

Los medios de nulidad contra el procedimiento que precede a la lectura del pliego de condiciones deben ser puestos, a pena de caducidad, diez días, a lo menos, antes del señalado para la lectura de dicho pliego (Artículo 728 Código Procedimiento Civil), sin necesidad de recurrir a otros textos legales.[9]

La excepción de fraude a que se refiere el Artículo 730 Código Procedimiento Civil se aplica en el caso de la demanda en subrogación, no en el caso planteado, de una demanda en nulidad del procedimiento anterior o posterior a la publicación del pliego de condiciones. La demanda incidental incoada por la embargada contra el ejecutante se encaminó a que se pronunciara la nulidad del mandamiento de pago sobre el fundamento de que no contenía copia del título, lo que constituye un medio de nulidad de pura forma, que no es susceptible de ningún recurso. La Corte a qua no debió admitir el recurso de apelación, lo cual es un medio de orden público que la Suprema Corte suple de oficio y casa la sentencia sin envío.[10]

La Corte a qua tenía conocimiento del recurso de casación y de la solicitud de suspensión de la sentencia del Juzgado de Trabajo que sirvió de título para realizar un embargo retentivo, cuya demanda en validez conocía dicha Corte; en esa situación, la Corte debió aceptar que la sentencia había sido impugnada, pues era a la Suprema Corte de Justicia que correspondía determinar la procedencia o no del recurso.[11]

Es superabundante mencionar en una sentencia laboral el término “ejecutable”, pues bastaba que el Tribunal a quo declarara oponible la misma al Banco Central de la República Dominicana o que se le condenara al pago de los valores envueltos en la demanda, sin referirse a los pormenores de la ejecución.[12]

Contra Agricultores

Después de la lectura del pliego de condiciones y del acto fijando la audiencia para la pública subasta, el abogado del perseguido intentó una "demanda incidental en nulidad de embargo inmobiliario", que en realidad fue un medio de inadmisión, fundado en el Artículo 7 de la Ley No. 5933 de 5 de junio de 1962, que establece un preliminar ante la Sec. de Agricultura cuando se trata de procedimiento de ejecución entre agricultores. Ese medio de inadmisión puede ser propuesto en todo estado de causa. Sin embargo, en la especie fue inadmisible, porque el embargante tenía la calidad de comerciante.[13]

Doctrina

  • BINDER, Alberto; NIETO GADEA,Daniel; GONZÁLEZ ÁLVAREZ,Daniel.et alii. Derecho Procesal Penal.Santo Domingo: Editora Amigo del Hogar, Primera Edición. 2006. Reimpresión 2007. 626 P.
  • GARCÍA, Manuel R. Es posible la ejecución provisional de las sentencias dictadas por los jueces alcaldes no obstante oposición?. En: Revista Jurídica Dominicana, 7(1): 910-912. Santo Domingo: 1945.
  • RAMOS M., Reynaldo. La ejecución provisional de las sentencias: comentarios a las sentencias del 31 de octubre de 1990 y del 22 de julio de 1991. En: Revista de Ciencias Jurídicas, 2(10): 1-12. Santo Domingo: marzo-abril de 1993.
  • RAMOS M., Reynaldo. La ejecución provisional de las sentencias: comentarios a la sentencia del 19 de febrero de 1993. En: Revista de Ciencias Jurídicas, 2(10): 1-6. Santo Domingo: julio-agosto de 1993
  • RAMOS M., Reynaldo. La ejecución provisional en materia represiva. En: Estudios Jurídico, 5(2): 257-277. Santo Domingo: mayo-agosto de 1995.
  • RAMOS M., Reynaldo. La suspensión de la ejecución provisional de las sentencias en caso de oposición. En: Estudios Jurídicos, 5(3): 429-434. Santo Domingo: septiembre-diciembre del 1995.
  • PACHECO, Rafael. La ejecución provisional. En: Gaceta Judicial, 2(33): 38. Santo Domingo: Editora Judicial, S.A. 21 de mayo al 4 de junio de 1998.

Referencia

  1. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 711. Año 282º
  2. Reproducida en Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 722. Año XIIIº
  3. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 744. Año 2741º
  4. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 874. Año 2723º
  5. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 904. Año 106º
  6. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No.932 932. Año 893º
  7. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 943. Año 759º
  8. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 951. Año 146º
  9. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 962. Año 21º
  10. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 977. Año 418º
  11. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1065. Año 578º
  12. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1066. Año 826º
  13. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 928. Año 560º

Bibliográfica

  • HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p

Enlaces Relacionados

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