Confiscaciones

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Ver También: Casación, Plazo para recurrir CORDE Empresas del Estado

Tabla de contenidos

Normativa

Legislación

  • Ley No. 5924 de 1962, sobre Confiscación General de Bienes[1]
  • Ley No. 5985 de 1962[2]
  • Ley No. 651 de 1965[3]
  • Ley No. 6087 de 1962, sobre inmediata devolución de bienes a personas condenadas por delitos políticos por la tiranía[4]
  • Ley No. 48 de 1963, que confisca los bienes de la familia Trujillo[5]
  • Ley No. 285 de 1964, que suprime el Tribunal de Confiscaciones[6]
  • Ley No. 187 de 1967, sobre devolución de bienes confiscados[7]

Jurisprudencia

Abuso de Poder

Si el Estado ocupó las propiedades so pretexto de que el dueño murió sin dejar herederos, la Ley sobre Confiscación General de Bienes no es aplicable, pues esa ley fue dictada para castigar el abuso de poder cometido por personas distintas del Estado.[8]

Constituye abuso de poder la ocupación en tiempos de Trujillo de un inmueble para destinarlo a edificio público, sin que mediara contrato con la propietaria.[9]

El Tribunal Confiscación puede ordenar una indemnización a la víctima de un despojo cuando reviste la forma de una convención o sentencia y, a mayor razón, cuando consiste en un simple apoderamiento de hecho.[10]

Carga de la Prueba

No existe presunción de que los funcionarios durante la época de Trujillo actuaron con abuso de poder en sus compraventas.[11]

En una solicitud de liquidación de comunidad de bienes de un confiscado, presentada por su esposa, no está a cargo de ella probar que los bienes que ella reclama no tienen su origen en el abuso de poder, salvo en el caso de que haya sido confiscada juntamente con su esposo por medio de una ley.[12]

En cuanto al fardo de la prueba fijamos un criterio definitivo, distinguiendo primero: el caso de las personas indicadas en la Ley No. 48 de 1963, quienes no tienen derecho a recurso alguno; segundo, las personas afectadas por la confiscación general de sus bienes por medio de una ley especial, quienes pueden hacer sus impugnaciones dentro de un plazo de 30 días para demostrar el origen legítimo de sus adquisiciones; y un tercer caso es el de una persona sometida a requerimiento del Ministerio Público en virtud de la Ley No. 5924 de 1962, en cuya hipótesis es al Ministerio Público a quien corresponde establecer la prueba del enriquecimiento ilícito, pues esa persona está protegida por la presunción de inocencia.[13]

La Ley No. 5924 pone sobre los terceros adquirientes la carga de probar su buena fe en lo relativo a mejoras.[14]

En una venta al Estado, si el vendedor recibió el precio, tiene la carga de probar que se ejerció violencia.[15]

Cuando se dicta una ley nombrando al confiscado, éste tiene la carga de probar que los bienes adquiridos por él durante la tiranía no lo fueron por abuso de poder.[16]

Certificado de Título

El certificado de título decía que el Estado había adquirido el terreno por confiscación. El Estado vendió posteriormente ese terreno al recurrente, quien lo defiende contra la reivindicación del confiscado. Los certificados de títulos están sujetos a cancelación o modificación, no solamente como consecuencia de ciertas acciones (litis sobre derechos registrados, revisión por causa de fraude), sino también en casos en que, de la lectura del certificado, se desprende alguna carga, tanto en el texto como en las anotaciones al dorso. Así el comprador conocía la posibilidad en virtud del recurso previsto por la ley, de que el bien volviera al patrimonio del confiscado. La anotación precautoria no tiene aplicación más que cuando se inicia juicio sobre terreno registrado, que no fue el intentado en este caso.[17]

Competencia

Es competente el Tribunal de Tierras para todo litigio sobre terreno registrado, aun cuando se trate de la aplicación de una ley especial, como la Ley No. 6087 de 1962 sobre devolución de bienes en interés social.[18]

No es competente el Tribunal de Tierras en materia de saneamiento cuando el Estado alega ser propietario del inmueble en virtud de una confiscación, aún cuando el otro reclamante lo niegue.[19]

La Corte de Apelación de Santo Domingo en funciones de Tribunal Confiscación deja de ser competente si no se prueba el perjuicio sufrido por abuso de poder.[20]

Los Artículos 19 y 24 de la Ley No. 5924 organizan dos procedimientos: Uno para intentar una demanda principal para recuperar bienes confiscados, el otro para recurrir contra las decisiones de la Secretaría de Estado de Recuperación de Bienes. El hecho de que el reclamante exprese que recurría la decisión de dicha Secretaría implica que la Corte de Apelación de Santo Domingo en funciones de Tribunal Confiscación debió declararse competente, como si se hubiera apoderado directamente.[21]

Si la demanda de rescisión contra el Estado se entabló ante el Tribunal de Tierras antes de la promulgación de la Ley No. 5925, éste debe declinar el caso para que sea conocido por el Tribunal Confiscación.[22]

El Tribunal Superior de Tierras es incompetente para conocer de una demanda en reivindicación de bienes enajenados por abuso de poder. El Artículo 8, párrafo g) de la Ley No. 5924 de 1962, que atribuye competencia al Tribunal de Confiscaciones, no ha sido derogado por la Constitución. La Constitución se refiere a la confiscación general de bienes, no a las demandas de carácter civil de las personas que han sido víctimas de abuso de poder contra los detentadores de sus bienes.[23] [24]

Trujillo compró un terreno, dejando el precio sin pagar. La acción en resolución del contrato es de la competencia del Tribunal de Confiscaciones.[25]

Comunidad Legal y Bienes de la Mujer

Cuando se confiscaron bienes que el marido había obtenido de Trujillo y estos bienes eran de la comunidad, la mujer podía solicitar la liquidación de la comunidad, a menos que ella haya participado en el abuso de poder.[26] [27]

La mujer del confiscado puede reclamar los frutos civiles de sus bienes propios (a pesar de que estos frutos caen en la comunidad, la mitad de la cual es confiscada al marido) porque esos bienes no pueden haber sido adquiridos por el confiscado mediante abuso de poder.[28]

La Ley No. 6087 de 1962 dispuso la devolución de propiedades a sus legítimos dueños, basada en la premisa de que nunca salieron del patrimonio del reivindicante. Por eso un inmueble adquirido originalmente por el marido antes de su matrimonio y devuelto posteriormente en aplicación de esa ley entra en la sucesión del marido y no en la comunidad. Ni siquiera la plusvalía entra en la comunidad.[29]

Constitucionalidad y Vigencia

La Ley No. 6087 es constitucional porque opera una reivindicación y porque reviste motivos de interés social.[30] [31] [32] [33]

La Constitución de 1966 no derogó la Ley No. 6087 de 1962, que no es de confiscación, sino de reivindicación.[34]

La Ley sobre Confiscación General de Bienes está vigente excepto en la parte que se refiere a la confiscación como pena represiva, que fue suprimida por la Constitución de 1966 (Artículo 8, inciso 13 in fine), salvo para los casos entonces pendientes (Constitución, Artículo 124).[35]

Lo que la Constitución prohíbe es la pena de confiscación general de bienes, no la reivindicación de inmuebles confiscados por el Estado por haber sido adquiridos por abuso de poder.[36] [37]

Familia Trujillo Molina

La Ley No. 48 de 1963, que confisca los bienes de la familia Trujillo Molina, no menciona los nombres individuales de las personas contra quienes pronuncia la confiscación, sino que lo hace en base a su grado de parentesco o afinidad respecto a la familia Trujillo Molina. Produjo por su sola promulgación la pérdida de todos sus bienes a José Antonio García Jiménez, ya que una de sus hijas se casó con José Arismendi Trujillo Molina, sin que hubiera habido abuso de poder de su parte. Esta confiscación aprovechó a una persona que había enajenado una parcela a favor de García Jiménez y no requiere pronunciamiento judicial, por lo cual es imprescriptible.[38]

El que en 1959 le compró un inmueble a una persona confiscada sigue siendo propietario, pero el saldo insoluto del precio debe pagarlo al Estado.[39]

Muerte del Acusado

Al morir el acusado del delito de enriquecimiento ilícito por abuso de poder, los herederos del confiscado tienen interés y derecho a sostener la impugnación iniciada por el de cujus, pues de aceptar la tesis contraria se les privaría de bienes que les corresponden en la sucesión.[40]

Modo de Prueba

Para la protección de los perjudicados se hace preciso admitir toda clase de pruebas (de la existencia del abuso de poder), con tal de que ellas formen un conjunto armónico de indicios.[41]

Persona a quien debe Demandarse

Cuando un terreno fue vendido por su dueño bajo la influencia del abuso de poder, la acción de restitución debe intentarse contra el adquiriente o usurpador; pero cuando éste ha sido confiscado en todos sus bienes, la acción de restitución debe incoarse contra el Estado. Si el terreno está en poder del CEA, el pago de su valor debe ser puesto a cargo del Estado y de dicho Consejo, puesto que el patrimonio de éste es propiedad estatal.[42]

La Corte de Apelación de Santo Domingo, en funciones de Tribunal Confiscación, en uso de su papel activo debió disponer que el reclamante pusiera en causa no sólo al Estado, sino también a todos los causahabientes de éste, para que pudiera discutirse el fondo de la demanda frente a todos los interesados.[43]

Demanda contra el CEA intentada por los sucesores del ingenio que su causante vendió por medio de la violencia cumpliendo órdenes del gobernante. La Corte a qua declaró nulo el registro de la parcela a nombre del CEA. Se casa la sentencia por violación de los Artículos 40 de la Ley No. 5924 de 1962 sobre Confiscación General de Bienes, según el cual, si el adquirente del inmueble es el Estado o una institución autónoma del Estado o un Municipio y está destinado a una explotación agrícola, industrial o comercial, el demandante tiene derecho a una compensación.[44]

Prescripción

La acción de reivindicación de la Ley No. 5924 no prescribe a los tres años a partir de su publicación, pues el Artículo 455 del Código Procedimiento Criminal le es inaplicable.[45]

Procedimiento

En materia de confiscaciones, la Corte no debe fijar los daños y perjuicios sino después de haber celebrado una audiencia en que las partes tratan de fijar su cuantía por mutuo acuerdo. (Artículo 37, Ley No. 5924 de 1962)[46] [47]

El plazo de 5 días para notificar la instancia, del que habla el Artículo 19 de la Ley No. 5924, comienza a correr, no a partir de la fecha de la instancia, sino de su depósito.[48]

Para fijar el monto de la indemnización a percibir por los afectados debe seguirse el procedimiento establecido en el Artículo 37 de la Ley No. 5924 de 1962, no bajo la Ley No.344 del 1943 (destinada a las expropiaciones por causa de utilidad pública).[49]

Requisitos

El Artículo 24 de la Ley No. 5924 exige la presentación de una reclamación a la Secretaría de Estado de Propiedades Públicas sólo para los confiscados; ese requisito no es aplicable a las víctimas de abuso de poder.[50]

Restitución

Si los bienes usurpados por abuso de poder durante la pasada tiranía fueron traspasados al Instituto Agrario Dominicano, ya no pueden ser restituidos, sino que procede el pago de una indemnización.[51]

Retroactividad

La Ley No. 5924 produjo la confiscación inmediata a ciertas personas, cuyos bienes pasaron al Estado ipso jure, salvo que prueben haberlos adquirido de buena fe. Si un confiscado es luego descargado por el Tribunal de Confiscaciones, durante el tiempo que media entre la promulgación de la ley y la fecha del descargo, el arrendatario del bien no tiene obligación de pagar el alquiler al confiscado.[52]

Valoración

La valoración de los bienes usurpados por Trujillo debe hacerse con medios de prueba, sin tener en cuenta ni el precio en que Trujillo los compró ni el precio en que los vendió al Estado Dominicano.[53]

En la fijación de la indemnización a cargo del tercero poseedor de buena fe de un terreno objeto de un abuso de poder, es justo tener en cuenta el precio obtenido al momento del despojo y la cantidad a cargo del Estado.[54]

Al tomar de referencia la evaluación hecha por la Dirección General de Catastro Nacional, la Corte a qua hizo una adecuada aplicación del Art.37 de la Ley No.5924, que le otorga facultad para fijar la reparación cuando no hay acuerdo entre las partes.[55]

Doctrina

  • CUELLO, Julio A. Enriquecimiento ilícito y confiscación general de bienes: Teoría y procedimiento. Santo Domingo: Ediciones Capeldom, 1966. 160p. (Colección de Derecho)

Referencia

  1. República Dominicana [Leyes] Ley No. 5924 de 1962, sobre Confiscación General de Bienes. Publicada en la Gaceta Oficial 8660.20, modificada por:
  2. República Dominicana [Leyes] Ley No. 5985 de 1962. Publicada en la Gaceta Oficial 8679.5
  3. República Dominicana [Leyes] Ley No. 651 de 1965. Publicada en la Gaceta Oficial 8934.27
  4. República Dominicana [Leyes] Ley No. 6087 de 1962, sobre inmediata devolución de bienes a personas condenadas por delitos políticos por la tiranía. Publicada en la Gaceta Oficial 8709.3
  5. República Dominicana [Leyes] Ley No. 48 de 1963, que confisca los bienes de la familia Trujillo. Publicada en la Gaceta Oficial 8805.13
  6. República Dominicana [Leyes] Ley No. 285 de 1964, que suprime el Tribunal de Confiscaciones. Publicada en la Gaceta Oficial 8866
  7. República Dominicana [Leyes] Ley No. 187 de 1967, sobre devolución de bienes confiscados. Publicada en la Gaceta Oficial 9052.30
  8. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 749. Año 857º
  9. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 760. Año 846º
  10. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 764. Año 2105º
  11. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 735. Año 180º
  12. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 742. Año 2356º
  13. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 758. Año VIIIº
  14. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 781. Año 2424º
  15. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 873. Año 2520º
  16. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 885. Año 2106º
  17. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 808. Año 621º
  18. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 719. Año 2324º
  19. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 740. Año 1625º
  20. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 745. Año 3077º
  21. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 756. Año 3457º
  22. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 760. Año 657º
  23. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 803. Año 1826º
  24. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 879. Año 268º
  25. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 892. Año 768º
  26. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 714. Año 919º
  27. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 715. Año 1207º
  28. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 744. Año 2770º
  29. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 871. Año 1641º
  30. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 711. Año 232º
  31. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 713. Año 783º
  32. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 715. Año 1119º
  33. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 719. Año 2327º
  34. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 719. Año 2326º
  35. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 745. Año 3077º
  36. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 832. Año 552º
  37. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 833. Año 772º
  38. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 776. Año 1386º
  39. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 825. Año 1651º
  40. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 764. Año 1948º
  41. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 754. Año 2854º
  42. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 745. Año 2954º
  43. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 756. Año 3457º
  44. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 966. Año 455º
  45. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 833. Año 771º
  46. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 782. Año 70º
  47. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 786. Año 899º
  48. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 825. Año 1649º
  49. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1061. Año 38º
  50. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 766. Año 2461º
  51. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 844. Año 323º
  52. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 720. Año 2686º
  53. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 715. Año 1088º
  54. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 793. Año 2100º
  55. Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 1061. Año 39º

Bibliográfica

  • HEADRICK, William C. Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p


--Escuela Nacional de la Judicatura/Aneudy Berliza 12:07 12 ago 2009 (MST)


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